Entradas
Resumen
Hacer de la política de Gobierno un espacio de acción pública implica en
primera instancia construir el objetivo que se persigue con los actores que se
encuentran afectados directamente y en segunda instancia definirlo con los actores que se les paga por hacerle
seguimiento. Para el primer caso nos referimos a la construcción de la política
pública con la participación colectiva de los ciudadanos y en referencia a lo
segundo con los funcionarios que deben velar por los recursos destinados para
ello. La forma de consolidar
instituciones Democráticas de calidad debe orientarse a la construcción de
espacios públicos que faciliten la participación de la ciudadanía desde su
carácter político, de interés en los asuntos comunes, para el diseño de las
decisiones públicas en las que se encuentran involucrados. El presente
documento procura invitar a la reflexión sobre el quehacer con el Vértice
Preventivo de la Gran Misión Justicia Socialista N°1 a objeto de recomendar
algunas acciones que procuren el fortalecimiento de la estructura de Estado que
busca estructurar mecanismos para el empoderamiento popular en el área de la
seguridad ciudadana.
El rol ciudadano en políticas de Seguridad bajo el enfoque de la Gran
Misión Justicia Socialista
Hablar
de participación ciudadana en América Latina remite inmediatamente a
reflexionar sobre los modelos de Gobierno que se han instalado a lo largo y
ancho del continente, así como también sobre el papel que han jugado los
pueblos en función de las políticas desarrolladas por cada uno de ellos durante
el siglo XX y lo que ha transcurrido del siglo XXI. Es entonces cuando se puede
observar que en las década de los ochentas y noventas el modelo del
desarrollismo que imperó en el cono sur del continente, referenció un alto
porcentaje de sus acciones en la participación de la sociedad civil como pilar
fundamental para ejecutarlas, sin embargo, recientes estudios han demostrado
que esta supuesta “ participación ciudadana” lejos de ser
fortalecida por los gobiernos que las enarbolaban, en realidad fue debilitada
en cuanto a los mecanismos que la sustentaban
y así fueron reduciendo la capacidad
civil para involucrarse en asuntos de gobierno y tecnificando el proceso de
toma de decisiones, lo cual simplifico lo complejo del hecho social sobre el
cual actúan las políticas públicas, y con ello logró reducir la capacidad de
acción que tenían los ciudadanos sobre la transformación del contexto en que se
construía sociedad, convirtiéndolos en portadores de acciones delegativas que
solo cumplían función de avalar decisiones tomadas por expertos, y aplicadas a
nivel nacional como proceso de estandarización de la acción gubernamental,
siempre privilegiando unos sectores sobre otros.
Ese
modelo de Participación Ciudadana heredado del sistema democrático de los años
noventa no permitía cambios concretos en las orientaciones y practicas tanto
políticas como institucionales de los Gobiernos de turno, ese modelo, lo heredó
la Revolución Bolivariana, sin embargo, un matíz en el campo jurídico aperturó
la posibilidad de que el modelo Democrático del país se pudiera enrumbar a un
sistema de inclusiones concretas en aras de fortalecer las relaciones entre Ciudadanía y Gobierno
como actores necesarios para el desarrollo de un Estado fortalecido en sus
instituciones y en su carácter de sociedad. Ese matiz se denomina: Poder
Popular.
Y
es que el concepto de Poder Popular remite inmediatamente a que la experiencia
de la participación ciudadana permita que las personas descubran que la
Democracia también puede transformar el resto de los ámbitos de la vida social,
y que no se reduce solo a la elección de gobernantes a través del voto, sino
también a la toma de decisiones en el marco de los intereses comunes y la
creación de la triada Ciudadanos-Gobierno-Estado, producto este ultimo particular, el carácter
de Ciudadano se reviste de vital importancia a la hora de la toma de decisiones
de carácter Político y Administrativo realizadas en función de la
transformación de un Estado que respondía en todo su carácter estructural a los
diseños que el modelo neo-liberal venia implementado en América Latina hasta la
irrupción de la Revolución Bolivariana en el mapa estratégico
político-económico de la región.
Pero
lo interesante y novedoso en el marco de este proceso no es la denominación de
Poder Popular en lugar de Participación Ciudadana, el cambio de nombre poco o nada dice de la importancia que
reviste la construcción del modelo de ciudadanía que se requiere para alcanzar
los fines del Estado, pues se pudiera transversalizar todas las acciones de
Gobierno y enmarcarlas en dicho concepto pero, darle continuidad al proceso de
exclusión masiva y de inclusión mínima que constituían algunas elites en el
siglo pasado, capaces de decidir sobre los objetivos de Gobierno. Una pregunta
que resulta interesante hacer es ¿Qué diferencia a la Participación Ciudadana
enmarcada en el Gobierno Revolucionario de la Participación Ciudadana
enarbolada por el sistema neo-liberal burgués?
Vértice 1 GMJS
El planteamiento general de la Gran Misión
Justicia Socialista, puede trabajarse haciendo una división entre el carácter Preventivo y el Carácter
Correctivo de la Política Pública en materia de Seguridad Ciudadana, para el
primer caso, que es el que nos proponemos reflexionar se ha tomado
específicamente el constructo del Vértice N° 1, cuyo objetivo es: Fortalecer el Movimiento por la Vida y por
la Paz (MPV) como instancia articuladora del amplio espectro de movimientos
sociales, organizaciones comunitarias y personas en pro de la generación de un
gran sistema para la prevención integral, la convivencia solidaria y la paz. En
cuya línea estratégica de acción se tranversaliza la participación ciudadana
como eje fundamental de la implementación de la política, procurando entender
esta última desde un lugar distinto al que estamos acostumbrados a ver la
acción de Estado, pudiéramos decir que lo que debe transversalizar esta
propuesta es el hecho de que los individuos se involucren en los diversos
espacios estatales y no estatales, pero desde su identidad ciudadana, es decir;
desde la capacidad de organizarse a partir de una visión política de
transformación de sus realidades, no desde una acción tutelada del Estado que
los hace responsable en última instancia de un proceso que por naturaleza es
propio, ya que la realidad de los contextos es diversa y por ende; depende de
los grados de maduración social de cada sector.
Se
debe atender con sumo cuidado en el marco de la implementación del vértice como
las estructuras estatales están viendo la Participación Ciudadana, ya que si la
visión que se tiene de la misma, es de carácter instrumental en la cual el
Poder Popular actúa como beneficiario y no como hacedor de política, entonces
se esta hablando de una participación administrativa, despolitizada, que no
propende la redistribución del Poder real en manos de los ciudadanos sino por
el contrario solo está buscando la legitimación
de los poderes establecidos, lo que implicaría entonces un cambio de términos
pero, no un cambio en la forma histórica de hacer política.
Se
pudiera aducir que en el marco de esta acción de Estado, el mismo funge como
representante de la acción sentida de los diversos sectores ciudadanos, y por
ende se hace responsable directo de la implementación, pero entonces, el
carácter protagónico del que está revestido el termino Poder Popular, quedaría
reducido única y exclusivamente a un proceso en el que prima la participación
individual a través de la mera consulta y el cual no genera mecanismos
concretos para la participación colectiva, ni la transformación concreta de los
espacios dinamizadores de inseguridad ni de los actores involucrados en ello.
Medidas Posibles de Implementación
Una
vez realizada la revisión del vértice y de su objetivo como parte del proceso
preventivo de la Política propuesta, se hace necesario recomendar algunas
acciones que en medida de corto y mediano plazo pudieran fortalecer la relación
entre Ciudadanos y Gobierno para alcanzar los objetivos propuestos por el Estado
para minimizar los efectos de la inseguridad ciudadana, para ello se propone
darle una revisión al proceso organizativo y orgánico de la propuesta a la vez
que se continua el proceso de desarrollo adelantado y se pilotean acciones que
pudieran rendir tributos cualitativos en un mediano plazo.
A
nivel Estatal
Realizar
un diagnóstico sobre el cómo se entiende la Participación Ciudadana desde la
visión de los actores encargados de la implementación de la política pública, a
efectos de poder desarrollar un proceso formativo en Gestión Publica y de Gobierno que involucre a los funcionarios
de los diversos organismos para que los planes, programas y proyectos dejen de
ser meramente instrumentales y se conviertan en procesos de acción pública,
política y concreta, capaces de entregar el poder de transformar contextos a la
ciudadanía empoderada mas allá de recursos financieros.
A
nivel de Política
Desarrollar
políticas públicas enfocadas en los procesos que llevan a la participación como eje transversal todo
el ejercicio de Gobierno y no como un
asunto de técnica y eficiencia administrativa, sino hecho construido sobre la
base un proyecto político y una visión
de sociedad, que genera espacios y mecanismo reales para el fortalecimiento de
la tríada, Ciudadanía-Gobierno- Estado, hacer de los ministerios involucrados
espacios de discusión permanente y estructuras misioneras de la política
pública, es decir; estructuras que obliguen a que los funcionarios rompan la
visión reducida del centro y la periferia.
A
nivel de Poder Popular
No
dar por sentado que el pueblo esta organizado en su totalidad para asumir
responsabilidades de Gobierno, ni creer que los expertos son los capaces de
solucionar este conflicto, por el contrario, facilitar herramientas técnico-políticas
que permitan construir sobre la base de la realidad las formas para transformar
los contextos. Esto implica una profunda revisión del como, el cuándo, el donde
y con quienes se han tenido experiencias exitosas mas allá de impactos cuantitativos.
0 comentarios:
Publicar un comentario